El proyecto "Barcelona Wifi" prevé instalar, hasta 2010, 500 nodos en centros cívicos, pavellones deportivos, espacios sociales y culturales, escuelas de secundaria, mercados, museos y centros de barrio. Se podrá acceder a ellos desde el interior de los edificios, durante 60 minutos, y se bloquearán las webs no pertinentes, así como la compartición de archivos en redes P2P.

El presupuesto municipal es de 1,75 millones de euros, con un mantenimiento anual de 950.000. "Con este dinero, podríamos dar cobertura wifi a toda Catalunya", ironiza Lluís Dalmau, secretario de la Fundación Guifi.net, que agrupa a las entidades que están desplegando una red libre en la ciudad. Critican que, según el proyecto, la instalación de un nodo costará 3.500 euros, cuando comprarlo en una tienda no pasa de 80.

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Actualmente, Guifi.net centra parte de sus esfuerzos en cubrir el área metropolitana de Barcelona, donde tienen ya una red wifi interconectada que une L'Hospitalet de Llobregat, Sabadell y Badalona, la más activa, con 21 nodos operativos y 13 en construcción. En la ciudad condal hay 27 nodos y 58 en construcción.

Decenas de colectivos vecinales participan en esta red wifi ciudadana, entre ellos las coordinadoras de entidades del Poble Sec y el Poblenou, el Casal de Joves La Guineueta, el Centre d'Estudis Montseny, Radio Contrabanda, los centros artísticos Hangar y Niu, GraciaSenseFils, la Parroquia de la Preciosísima Sangre del barrio de Sant Antoni, grupos excursionistas y "collas" de gigantes.

Su estupor fue general al conocer el proyecto del ayuntamiento que, según Guifi.net, "se presentó sólo una semana antes de aprobarlo en el pleno, sin posibilidad de votar en contra". Guifi.net asistió al pleno, donde aseguran que el teniente de alcalde Ramon García-Bragado les calificó de "ilegales".

Dalmau lo niega: "La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) nos informó el año pasado de que nuestras actividades son legales, ya que cumplen la figura de la autoprestación, recogida por la ley". Dalmau lamenta que "se haga propaganda negativa de un proyecto en el que participan empresas y también ayuntamientos, como el de Vic, Sant Feliu de Llobregat o Playa de Aro".

Pilar Conesa, gerente adjunta de organización y sistemas de información del Ayuntamiento de Barcelona, discrepa: "La CMT dice que las administraciones públicas no podemos ofrecer acceso en la vía pública, porque sería hacer la competencia a los operadores". Conesa matiza las palabras de García-Bragado: "No se refirió a que Guifi.net sea ilegal, puede haber iniciativas privadas que lleven el wifi a la calle, pero no un ayuntamiento".

Dalmau rebate que "la CMT no dice esto, sino que en su código de buenas prácticas para administraciones públicas permite que estas intervengan en el mercado de las telecomunicaciones como un operador más, sólo exigen unos requisitos para fomentar la libre competencia y para que actuen con independencia de cuentas".