La izquierda y la derecha han luchado, luchan y lucharán por la
titularidad de los medios de producción, éste es el motor de la
historia, impulso que, por obvio, se suele ocultar. En el actual orden
mundial, las propiedades intelectual e industrial se han convertido en
un instrumento de acumulación de capital más eficaz que ninguna
industria o comercio.

La explotación del derecho de autor, lejos de responder a su teórico
objetivo, el sustento de los creadores, se ha utilizado como elemento
de dominación, como arma al servicio de la casta cultural más
acomodaticia con el sistema establecido. En el caso de Estados Unidos,
representa un valor estratégico. La riqueza de una nación puede llegar
a basarse en la imposición de tasas por utilización de propiedades
inmateriales de todo tipo, incluido el uso de semillas o variedades
animales patentadas. Desde una óptica transformadora que aspira a una
sociedad más justa e igualitaria, sólo cabe apoyar y promover el libre
conocimiento.

Defendemos la democratización de la cultura porque la creación la
hacen las colectividades a través de determinados individuos y no al
revés, como se suele pensar. Consideramos que el sistema de royalties
que sólo beneficia a unos pocos es injusto, tanto para las patentes
científicas como para la expresión de la creatividad humana. Por eso
creemos que no se trata de que los autores cambien de amos. La cultura
libre debe estar inserta en un movimiento colectivo que vaya más allá
de las rentas de un tipo u otro de empresario. Son muchos los
creadores que se definen como trabajadores de la cultura y aspiran a
una remuneración que les permita mantenerse y no a seguir ganando más
allá del esfuerzo realizado. El problema no radica en cómo seguir
cobrando derechos, sino en la manera de hacer que las contribuciones
intelectuales, artísticas o científicas pertenezcan realmente a toda
la sociedad y no sólo a quienes tienen el privilegio de explotarlas.

Como en tantas ocasiones es preciso dejar a un lado, siquiera un
momento, el etnocentrismo del primer mundo y recordar que para una
verdadera disminución de la brecha digital hay condiciones previas: la
llegada de la electricidad al domicilio, dinero para comprarse un
ordenador, un Estado que te haya enseñado a leer y escribir, y haber
comido, y tener un techo y un médico para cuando te pones enfermo. La
era digital no podrá lograr eso si no es imbricándose en la lucha de
los pueblos.

Tanto como la democratización de la cultura, con más razón cabe
defender la democratización de toda la economía. No parece razonable
aplicar en este debate el término "democracia" tan superficialmente
como se está haciendo. Si la mayoría de los internautas está en contra
del cierre de páginas Web que facilitan el intercambio de archivos,
una gran mayoría de ciudadanos está a favor de repartir entre todos la
riqueza de la que se apropian empresas como el Banco de Santander,
Repsol o Telefónica, distribución que sigue la misma lógica de quienes
pedimos un conocimiento universal, y que nadie osa plantear por una
evidente cuestión de correlación de fuerzas.

Para reivindicar Internet como un derecho, no como un eslogan
publicitario, es preciso incluirlo dentro de lo público, como la
educación o la sanidad, y no dejarlo en manos de proveedores privados
que pueden acabar con la neutralidad de la red al margen de la
legislación sólo con aumentar el coste de subir contenidos. Sabemos
que en nuestras sociedades entregadas a la privatización es una
reivindicación difícil, pero necesaria y un gobierno que realmente
represente al pueblo que lo ha elegido debería ser capaz de llevarla a
cabo.

En el ámbito de la cultura hay propuestas audaces como la de
distribuir el cine español subvencionado bajo licencia copyleft,
legislando para que la percepción de ayudas públicas determine la
publicación de obras con licencias libres para lograr su máxima
difusión. O las que pasan por la nacionalización de la SGAE y demás
entidades de gestión para que la retribución a los creadores deje de
ser una cuestión privada. Iniciativas como la Carta para la
innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, aún
insuficientes, apuntan la posibilidad de construcción de reglas
distintas. Los intereses que se oponen a ello son poderosos. Pero en
este momento la evolución de los medios de reproducción abre una
oportunidad para que ningún conglomerado mediático pueda decidir qué
productos culturales merecen ser distribuidos y cuáles no. Se trata de
entender el P2P como una gran biblioteca común y no como, una vez más,
servicios en streaming donde sean las discográficas o las editoriales
o las nuevas empresas de la Web quienes decidan qué suena, se lee, se
imagina.

Nos preguntamos si el gobierno tiene algún interés, aunque sea mínimo,
en investigar nuevos modelos. Ni la lógica de la prohibición, ni
tampoco la lógica del cambio de amo. La política de las
multinacionales del entretenimiento ha ido dirigida a un solo
objetivo: expoliar a la Humanidad de su patrimonio cultural. El cambio
en el modo de reproducción de las creaciones podría suponer un avance
para todos. Quizá no sea fácil. Pero, por una vez, no es mucho más
difícil que prohibir y castigar. Se trata de recuperar la red para
todos los seres humanos y no para las grandes empresas que cada día se
adueñan de ella un poco más.

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