Imagino que coincidiréis conmigo en que la educación superior y los cursos de formación específica deben ser accesibles a toda persona, y no sólo a aquellos más privilegiados cuyos recursos económicos superan la media, como si de una universidad privada se tratase.
Especialmente, el problema atañe a las universidades públicas españolas, las cuales están a años luz de otras universidades europeas en lo que respecta a recursos económicos, becas y ayudas. Es más, podríamos reducir el zoom y observar claramente las diferencias entre las universidades andaluzas –a pesar de su desarrollo y crecimiento constante– y las del resto de España en lo que a becas y disponibilidad de las mismas se refiere. En mi opinión, una política de admisión más flexible, así como la lucha activa por nuestra parte como alumnos, permitiría enfrentar el reto de proveer a todos los estudiantes de las mismas oportunidades y el apoyo necesarios para lograr el éxito en nuestros estudios y, consecuentemente, en nuestra profesión. Considero que para la admisión a cursos especializados para la formación en torno al manejo de herramientas informáticas al servicio de traductores e intérpretes, es vital establecer como criterios de admisión la capacidad y la competencia del alumno, y no los ceros en su cuenta bancaria.